GLOBALIZACIÓN; RELACIONES COMERCIALES CON EL NAFTA Y AGENDA INTERNACIONAL DE COLOMBIA

Autor: Anonimo

Comercio internacional

06-2001

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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, espera realizar un breve análisis del comportamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, haciendo énfasis en las relaciones comerciales, pero sin olvidar las implicaciones de la agenda bilateral y la realidad que presenta un mundo que se encuentra en una etapa de globalización.
 
Como sugerencia estratégica hacia el futuro de Colombia, se muestra el caso de México en la globalización, y el caso de la productividad en América Latina.
 
Así mismo, se hablará del NAFTA, como motor y ejemplo de integración regional, se tocará el tema de las preferencias arancelarias, y se sugerirán alternativas de integración tanto con la economía de los Estados Unidos, como con México y Canadá como bloque.
 
Las nuevas realidades económicas, hacen necesarias las políticas de integración en los países en vías de desarrollo, nadie puede estar solo y Colombia no ha mostrado ningún avance reciente en este aspecto. Por esto debemos mirar hacia otros mercados, otras culturas y otras realidades para poder enfrentar los retos de las nuevas realidades y llegar mejor al nuevo milenio.
 
1. AGENDA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 
Las relaciones internacionales vienen atravesando por un estado de transición y hasta de turbulencia, que requieren de una adaptación inteligente y de una buena y oportuna información, para poder desarrollar una política exterior de interpretaciones claras y fines concretos. 
 
Presenciamos la constitución de un nuevo orden, en donde el proceso de internacionalización se acentúa cada día más, haciendo que no exista una actividad en la que de una u otra forma no se sienta la influencia externa. Nunca tanto como hoy, los retos de autonomía y desarrollo de los países, habían estado tan ligados a las variables internacionales. Además, si en años anteriores existía alguna duda sobre la relación que existe entre la política interna de un país y su política externa, hoy en día es un hecho que no admite discusión. El caso de Colombia es palpable. Separar ambas esferas conduce a grandes equivocaciones que van en detrimento de la seguridad e interés nacionales y, desde luego, en el diagnóstico y formulación de una política exterior adecuada.
 
Los temas prioritarios en materia de política exterior del país no pueden ser sólo los tópicos alrededor de los cuales gira la agenda global, si bien tenemos asuntos en el plano bilateral que deben merecer igualmente toda nuestra atención y recibir un manejo sistemático. 
 
No puede caber ninguna duda de que en los años por venir seguirán destacándose tres temas fundamentales, sobre los cuales continuará centrada la acción de la comunidad internacional: el respeto a los Derechos Humanos, el problema de las drogas ilícitas y conexos, y la protección del Medio Ambiente. En relación con cada uno de ellos existe, y seguirá existiendo, una fuerte presión de los principales actores de la vida internacional para que todas las sociedades cumplan con sus compromisos, libremente aceptados en convenios y tratados.
 
La conducta doméstica, referente a tales aspectos, va unida a la necesidad de ejecutar una política exterior que sea el reflejo de las actividades nacionales en estos campos. La llamada mala imagen de Colombia en el exterior no es la causa de nuestros males nacionales, sino el resultado de una realidad interna que se ha apartado considerablemente del rumbo que ambicionamos para el país.
 
Como dicho anteriormente, sobresalen dentro de los temas que hacen parte de la agenda global y que, por lo tanto, Colombia deberá prestarles su mayor atención, los relacionados con el fenómeno de las drogas ilícitas, los derechos humanos y el medio ambiente, prioritariamente. Pero no basta, únicamente, con ocuparse de dichos aspectos a nivel internacional. Se hace indispensable su adecuado manejo interno, en donde se vive un clima de violencia generalizada que afecta no sólo a toda la ciudadanía y su entorno, sino que, naturalmente, tiene efectos más allá de nuestras fronteras y, por lo tanto, las herramientas que ofrece la cooperación entre Estados deben ser ejercitadas apropiadamente.
 
2. TEMAS DE LA AGENDA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
 
2.1. Derechos Humanos.
 
Sobre la posición colombiana frente a la protección de los Derechos Humanos, es importante que el país abandone definitivamente la errónea idea de que el Estado no es quien está obligado en forma expresa y directa a su respeto y promoción.[1] La Carta Política y los compromisos internacionales adquiridos, tanto aquellos celebrados bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, como las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, obligan a los Estados a ser fieles a su espíritu y letra, haciéndolos cumplir dentro del territorio de su jurisdicción.
 
Las violaciones de esos Derechos por parte de los ciudadanos, constituyen conductas delictuales que deben ser juzgadas y castigadas por el Estado, sin que pueda alegarse que estas conductas eximen a la autoridad pública de sus obligaciones. No podemos seguir insistiendo en que es injusto que la comunidad internacional censure al Estado colombiano y pase por alto las violaciones cometidas por los ciudadanos y extranjeros en su territorio. Es el Estado el obligado a honrar sus compromisos, no sólo por sus propias acciones y omisiones, sino también por la conducta delictuosa de ciudadanos y cuando ésta no es juzgada y castigada debidamente. Que el desorden social y el estado permanente de conflicto interno dificultan el estricto cumplimiento de los compromisos indelegables de la autoridad pública es innegable, pero este hecho, en ningún caso, desvirtúa la obligación primordial del Estado en esta delicada materia, que continuará figurando en primera línea de los problemas nacionales.
 
El interés internacional por el tema de los Derechos humanos ya no radica exclusivamente en los gobiernos y en los organismos intergubernamentales. Cada vez es más fuerte la influencia de las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que se dedican a supervisar la conducta de los países en lo que concierne a la protección de los derechos de los ciudadanos. Es inaplazable la aceptación de esta realidad contemporánea, que debe llevar a un manejo proactivo de las relaciones con este tipo de organizaciones. En general, ellas cumplen con una función necesaria de control a los Estados, señalando los obstáculos que existen para la debida protección de los Derechos Humanos, tanto en la legislación como en la práctica.
 
Fuera de las críticas dirigidas a Colombia por los hechos que atentan contra la integridad de las personas, entre ellos la aquiescencia de las autoridades con procedimientos irregulares de represión, la opinión internacional censura, con razón, disposiciones legales tan contrarias a los compromisos internacionales del país, como el principio del respeto debido a las órdenes superiores como causal eximente de responsabilidad y los excesos del fuero militar.
 
En materia de Derechos Humanos, el Estado colombiano está sujeto a un creciente escrutinio internacional y, en especial, por parte de los Estados Unidos. Este hecho se apoya en cambios importantes en la concepción internacional acerca de los compromisos estatales en este campo y en una modificación del concepto de seguridad nacional.
 
Los frecuentes sofismas oficiales, la minimización de los problemas y las ingenuas y a veces torpes respuestas a los documentos internacionales que nos censuran, convencen a los funcionarios de otros Estados o de Organismos Internacionales, que Colombia no tiene una actitud institucional seria sobre el tema, y que sólo busca ganar tiempo y evitar declaraciones negativas, sin resolver los problemas del país.
Por lo demás, la falta de unidad y continuidad en la política estatal, dificulta seriamente la labor. Las acciones para mejorar la protección de los Derechos Humanos en el país, se traban en las mismas instituciones públicas, y la falta de unidad hace imposible planear una acción internacional coherente. Nada más débil e inconexo que el trabajo del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores en este campo.
 
Por ello, es preciso que la política de Derechos Humanos gravite en un esfuerzo serio, respaldado con verdadero compromiso por el Presidente de la República, para que el Estado colombiano luche eficazmente contra su violación y busque las reformas institucionales necesarias. Es indispensable que esta política se realice con base en una definición de alto nivel que genere una estrategia común. Podría pensarse en crear, para este efecto, una Comisión Nacional de Derechos Humanos compuesta por los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, así como de las consejerías presidenciales de Derechos Humanos y de Paz, para que presenten un propuesta metodológica sobre las estrategias que seguirá el gobierno en este campo e informen periódicamente acerca de los resultados logrados.
 
Es importante también, desde luego, reforzar el Ministerio de Relaciones Exteriores formando una Unidad Permanente de Derechos Humanos, con personal especializado, no sujeto a rotación en otros cargos, con el objeto de que desarrolle el conocimiento y la calificación necesarias para cumplir con los compromisos internacionales, presentar los informes periódicos obligatorios, responder los requerimientos de los diferentes organismos políticos y jurídicos del sistema internacional, y atender los procesos que se siguen contra Colombia. Es necesario, igualmente, reforzar otras instituciones en este mismo campo en aras de apoyar desde la institucionalidad esta responsabilidad de la política exterior. Estos funcionarios deberán contar con el acceso a todos los documentos que no estén bajo reserva judicial en el Estado colombiano.
 
2.2. Narcotráfico.
 
La política frente a la creciente magnitud de las drogas sicoactivas tiene que continuar bajo el signo de la cooperación internacional, como problema global que es. Sin trasnochados nacionalismos ni falsas afirmaciones sobre una presunta soberanía nacional, cuyas características en las postrimerías del siglo XX nada tienen que ver con los principios que alentaron la conducta internacional en el siglo pasado. El país tiene que orientar sus acciones, por conveniencia propia y por obvias razones de carácter universal. La meta a mediano plazo debe ser la implementación de una legislación internacional, que facilite, por todos los medios, la acción de la comunidad de naciones frente a las actividades delictuosas del tráfico ilícito de drogas y conexos, como el desvío de precursores químicos, el lavado de dinero, el contrabando de armas y explosivos.
 
Por otra parte, la estrategia de combate al problema de las drogas en la que se plantea una integralidad de las acciones, ha sobredimensionado la respuesta interdictiva al problema. De manera que las estrategias de intervención socioeconómicas y de salud pública frente al problema de la producción y del consumo les asigna una prioridad de segundo orden dentro del contexto nacional y del manejo de la política exterior colombiana frente al tema.
 
A las circunstancias que a Colombia le han dificultado el manejo de este tema frente a la comunidad internacional, es preciso agregar la fragilidad de su capacidad para generar información exacta que no esté sujeta a cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Se sugiere que Colombia desarrolle los medios necesarios para producir y analizar la información sobre la dimensión del problema al interior del país y los resultados de sus acciones antidrogas.
 
Adicionalmente, la participación cada vez más activa de las Cámaras legislativas en los problemas de las drogas, no siempre iluminada ni motivada por razones de interés colectivo, han añadido un nuevo factor de confusión en el tratamiento del asunto. Será necesario organizar en forma más eficiente los distintos aspectos de la lucha contra el tráfico de drogas, por medio de una racionalización de las herramientas institucionales y de los recursos humanos y financieros, para evitar que continúe el desorden que ha caracterizado la acción oficial en este campo.
 
2.3. Medio Ambiente.
 
El desafío que plantea la protección del Medio Ambiente, exige, igualmente, una visión internacional. Lo que sí es indudable es que los imperativos del desarrollo de los países menos industrializados tienen que conciliarse con el interés doméstico e internacional de preservar los recursos naturales y la biodiversidad. No obstante, los avances realizados en los últimos años por definir los alcances de unas políticas que garanticen el desarrollo sostenible, es decir, aquel que logra un compromiso entre las necesidades del desarrollo y de la protección de la naturaleza, lo cierto es que aún persiste la falta de consenso sobre las implicaciones prácticas de este enfoque conceptual.
 
El punto de partida de la controversia entre los defensores del Medio Ambiente y quienes anteponen las necesidades del desarrollo a consideraciones ambientales, surgió durante la Conferencia de Estocolmo, de 1972. Sucesivos análisis econométricos han mostrado la correlación existente entre el aumento de los ingresos per capita y algunos indicadores cuantitativos sobre la mejora de la calidad ambiental. Veinte años más tarde, en la Conferencia de Río, de 1992, los países industrializados, en particular los Estados Unidos, defendieron vehementemente las tesis en favor de las políticas desarrollistas, por no llamarlas neoliberales, en cuanto se relacionan con sus propios intereses. Según sus argumentos, los problemas ambientales, en sentido físico - biótico, sólo pueden solucionarse con la apertura de las economías, el aumento de la competencia y el consiguiente incremento de la productividad, el crecimiento del producto interno bruto y, como consecuencia de todo ello, la disminución de la pobreza. Este modelo, aparentemente simple pero lleno de supuestos de difícil realización, ha tenido graves secuelas para el manejo de la protección ambiental en todos los países, pobres y ricos, debido al consiguiente aplazamiento de la atención a las inversiones ambientales, que deben esperar a que exista un nivel adecuado de ingresos per capita o que se hayan resuelto los problemas que afectan la estabilidad y el ritmo del crecimiento económico.
 
Para Colombia existen, en la actualidad, dos retos: el primero, consiste en evaluar seriamente las consecuencias que para el desarrollo del país se desprenden de la multitud de compromisos que ha venido adquiriendo en los foros internacionales, en muchos casos sin darse cuenta de sus implicaciones. El segundo, en la necesidad de dar solidez institucional al manejo de la política ambiental, dispersa en la actualidad en varias agencias sin los recursos financieros y humanos indispensables. En relación con este aspecto administrativo, es necesario replantear las funciones de las Corporaciones Regionales frente a las que competen al Ministerio del Medio Ambiente, y definir claramente las obligaciones ambientales de las autoridades locales y regionales.
 
Obviamente, deberá existir también una estrecha coordinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Cancillería colombiana, encargada de fijar las políticas internacionales en todos los campos.
 
3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE LA POLÍTICA EXTERIOR
 
Varios factores han determinado a través de casi toda nuestra historia republicana el descaecido estado de nuestras relaciones internacionales. La sociedad colombiana, poco homogénea, dividida en múltiples áreas geográficas y culturales y aislada del resto del mundo, nunca ha asignado mucha importancia a la dimensión internacional de sus problemas y preocupaciones. Como resultado de esta indiferencia ciudadana, los gobiernos, con escasas excepciones, han relegado la política exterior a los últimos lugares de su agenda, como lo comprueba el abandono financiero y de recursos humanos en que siempre han vivido las agencias responsables de la conducción de la política internacional. No es, pues, de extrañar, que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya sido, por tradición, la cenicienta de la Administración Pública.
 
Para un desarrollo adecuado y coherente de los temas de la Agenda Internacional colombiana, se evidencia cada día más la imperiosa necesidad de contar con una Cancillería fuerte, moderna y altamente profesionalizada, que, además, tenga sólidos y permanentes canales de interlocución a distintos niveles de la Administración Pública. 
 
Frente a la complejidad mundial, quienes tengan la responsabilidad de diseñar y llevar acabo las políticas del país, deben ser cada vez más especializados. Se requiere, además, una férrea voluntad política para alejar al Ministerio de Relaciones Exteriores de los vicios de la burocratización y la politiquería que han venido siendo tradicionales.
 
Siguiendo también una línea de conducta tradicional de nuestra vida política, permanentemente estamos cambiando las leyes y regulaciones orgánicas del Ministerio del servicio exterior y de la carrera diplomática, como si las deficiencias crónicas fuesen el producto de normas equivocadas o inconvenientes. No ha habido gobierno en las últimas décadas que no haya decidido inmortalizarse con reformas que, como era natural esperar, nunca han servido para mejorar la prestación del servicio diplomático ni para dar brillo a nuestra política exterior.
 
El último Decreto Orgánico del servicio exterior de la carrera diplomática y consular, data del 3 de enero de 1992. En el mismo año, por Decreto No. 2126 del 29 de diciembre, se reestructuró el Ministerio y se determinaron las funciones de sus dependencias, creándose entre otras cosas, la Dirección General de la Academia Diplomática de San Carlos, adscrita al despacho del Ministro. 
 
Anteriormente, lo que hoy se denomina Academia Diplomática llevaba el nombre de Instituto Colombiano de Estudios Internacionales y sus actividades se limitaban a la selección de los aspirantes a ingresar a la carrera diplomática y a la preparación de cursos de ascenso para los funcionarios del Ministerio, pues aún no se había establecido el requisito para dichos funcionarios de realizar previamente un curso de un año. Hoy en día, la Academia cuenta con dicho curso, encaminado a preparar a las personas que iniciarán la carrera diplomática o consular e ingresarán al Ministerio, al concluirlo. 
 
En mayo del presente año, se convocó el último concurso de donde se seleccionaron 35 aspirantes, los cuales conformaron el grupo para el curso anual e ingresaron luego a la planta interna del Ministerio en calidad de terceros secretarios. No se puede ocultar, sin embargo, que la verdadera carrera diplomática en el país es aún ineficiente y no ha dado hasta ahora los resultados esperados. Pese a los esfuerzos que se han realizado en ocasiones para compensar tantos años de atraso, sigue prevaleciendo la inveterada costumbre del clientelismo, el cual lleva una ventaja todavía notable sobre el verdadero profesionalismo.
 
Como lo demuestran fehacientemente numerosos ejemplos de países que han logrado organizar su actividad diplomática, el requisito fundamental es la calidad del personal y la continuidad del esfuerzo, y no el arsenal normativo a que siempre se acude en Colombia. La preparación de quienes se han de dedicar a la vida diplomática y los criterios de selección constituyen la base insustituible de una eficaz acción internacional. En ambos aspectos hemos sido erráticos e indolentes. Los intentos que se han realizado de ir perfeccionando la carrera diplomática han sido tímidos y sin respaldo político y, por lo general, antes de aplicar las normas con decisión y firmeza, se proponen nuevos cambios para subsanar lo que no es subsanable a base de disposiciones legislativas. Un ejemplo elocuente es el proyecto que cursa actualmente en las Cámaras para modificar, por enésima vez, la carrera diplomática, antes de que las normas vigentes hayan sido aplicadas a cabalidad. En Colombia, como se ha dicho hasta el cansancio, hay leyes para todo. Lo que no hay es la capacidad de regir nuestras vidas de acuerdo con esas leyes. 
 
Esta misma obsesión por los cambios normativos permanentes, nos llevó, hace unos treinta años, a alterar radicalmente la composición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores , que desde su creación a comienzos del siglo había venido prestando muy valiosos servicios al país. La idea original tuvo un exitoso desarrollo en la práctica, que dejó como resultado un acervo de capital importancia en materia de investigaciones y estudios sobre los más disímiles aspectos de la vida internacional del país. Integrada por expertos independientes, fue en realidad un grupo asesor del gobierno, siempre tenido en cuenta en la toma de decisiones en momentos difíciles y para la orientación general de la política exterior del país. Desde que cesó de ser lo que fue durante tantos años, la Comisión, integrada ahora, después de varias reformas, con un criterio eminentemente político, con expresidentes, parlamentarios y representantes políticos del gobierno con sus suplentes, no ha producido un solo estudio que merezca el nombre de tal. Convocada esporádicamente para ser informada ex-post facto de decisiones y posiciones ya tomadas, su contribución no ha pasado de ser una colección de comentarios de sus miembros sobre asuntos de actualidad que no repercuten en la orientación de la política exterior colombiana.
 
No obstante el error cometido en 1991, sin justificación alguna, al elevar a la Comisión Asesora a órgano constitucional, su composición es determinada por ley. Como la Constitución no dice nada de las funciones, la fijación de ellas también son materia legislativa. He aquí un claro ejemplo de una ley actual, la 68 de 1993, que merece una reforma radical para devolver a la Comisión Asesora las características que nunca debió perder.
 
Paradójicamente, las reuniones de este Cuerpo Consultivo se denominan “ordinarias o informativas”, lo cual indica, casi con seguridad, que la Comisión Asesora, la cual tampoco escapa a los intríngulis de la política, constituye simplemente, en la actualidad, un cuerpo de apoyo político a decisiones ya tomadas por el Ejecutivo.
 
En fin, no parecería exagerado concluir que Colombia, en sentido estricto, ha carecido de una estructura institucional que le permita ejercitar su política exterior. En ello van implícitos problemas estructurales y políticos que se hace inaplazable corregir. El país debe, entre otras cosas, contar con planes institucionales a largo plazo que ofrezcan el soporte necesario para generar las condiciones del ejercicio de una política exterior seria. Si bien hay una serie de ajustes institucionales, es también necesario que la Administración Pública pueda retener el personal en que ha invertido tiempo y recursos.
 
4. COMERCIO E INTEGRACIÓN
 
La liberalización del comercio y la apertura económica han impuesto cambios radicales en la política exterior de todos los países. Colombia tendrá que continuar haciendo grandes esfuerzos para ajustar su política internacional a esas nuevas realidades económicas. La liberalización del comercio ha venido unida a otro nuevo fenómeno, que hasta cierto punto la contradice: la formación de grandes bloques económicos regionales que, de una u otra manera, se protegen de la competencia extra-regional, no obstante su aparente vocación universal. Estos tres bloques regionales, el formado por Estados Unidos, México y Canadá, la Unión Europea y los países asiáticos, hasta el momento encabezados por el Japón, pero con la posibilidad muy cercana de ser dominados por China, constituyen los ejes alrededor de los cuales gira casi la totalidad del comercio internacional.
 
En América Latina, además de la perspectiva, aún muy lejana, de una integración total, todavía existe la incertidumbre sobre la posibilidad de una ampliación del tratado de libre comercio de América del Norte, que cobije a los demás países del hemisferio, frente a la absorción por parte del Mercosur de algunas economías regionales o una integración lograda, gradualmente, entre Mercosur y el Pacto Andino.
 
La responsabilidad que ha tenido Colombia en la creación y en el tortuoso desarrollo del Grupo Andino obliga al país a definir una política coherente sobre el futuro de sus relaciones comerciales con sus vecinos. No se puede ocultar el hecho de que la actual Comunidad Andina ha girado, casi exclusivamente, alrededor de los intercambios comerciales entre Colombia y Venezuela, países que han mantenido su impulso y que, sin duda, son los mayores beneficiarios de esta experiencia integradora.
 
Colombia tendrá que asumir una política interna de desarrollo sectorial, mediante la cual impulse aquellos sectores importantes para el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto, a su vez, va ligado con la necesidad de fortalecer una infraestructura productiva acorde con las necesidades económicas del país, para estar en posición de cumplir con unas obligaciones asumidas en materia de integración y de libre comercio, obligaciones que generan unas ventajas que, hasta la fecha, nuestra economía no ha podido aprovechar.  
 
Esto le plantea al país la necesidad imperiosa de fijar prioridades en su política exterior tanto comercial, como en materia de relaciones políticas, ya que no es posible continuar dispersando tantos esfuerzos en querer hacer todo al mismo tiempo, lo que lleva a una enorme confusión de la agenda internacional colombiana. No hemos sabido, hasta ahora, si debemos concentrar esos esfuerzos en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela, en la atención preferente a la Comunidad Andina, en las posibilidades de la integración continental, en el acercamiento a la Unión Europea, en la aún gaseosa realidad de la Cuenca del Pacífico, o en las siempre complejas relaciones con los Estados Unidos. Mientras no haya una clara definición de nuestros intereses prioritarios, no será posible enfrentar seriamente los desafíos de la integración comercial. 
 
Pero no basta con la definición de las prioridades y un mínimo de continuidad en la acción en materia de política comercial con el exterior. Se requiere un manejo institucional coherente y eficaz para obtener resultados satisfactorios. La rapidez con que se impuso la apertura comercial, unida a la tradicional confusión administrativa del país, ha llevado a la proliferación de voceros gubernamentales y privados, con la obvia consecuencia de que ninguna dependencia oficial se siente responsable, en última instancia, de la política comercial. Nunca se ha podido concentrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación de los diferentes aspectos de la política exterior, incluyendo la política comercial, y ni siquiera la conveniente creación del Ministerio de Comercio Exterior ha servido para aclarar las responsabilidades y establecer una política nacional al respecto, diferente de las políticas divergentes de los distintos ministerios.           
 
5. RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS
 
No cabe la menor duda de que las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos han sufrido un deterioro, inclusive mayor al experimentado en 1903 con la separación de Panamá, la pérdida del Canal y la vía interoceánica, tan significativa para la inserción del país en el ámbito mundial. Hoy, ad portas del siglo XXI, las tensiones con motivo del problema de las drogas ilícitas y la criminalidad organizada, afectan gravemente las relaciones binacionales y comprometen de forma muy negativa una verdadera incorporación de Colombia en el nuevo mundo que ha surgido como resultado de la terminación de la guerra fría y el avanzado proceso de globalización.
 
El tema de las relaciones con los Estados Unidos no puede seguir siendo tratado con el emocionalismo inmaduro que ha caracterizado las reacciones oficiales en los últimos años. Tenemos que aceptar el hecho de que esas relaciones siempre han sido, y seguirán siendo, con ciertas modalidades circunstanciales, unas relaciones asimétricas, que deben manejarse con plena conciencia de este rasgo esencial. Sin abandonar jamás el concepto de dignidad nacional, que no puede limitarse a quemar banderas y a la utilización de epítetos injuriosos, tenemos que desarrollar una diplomacia profesional y seria, basada en la colaboración y en la necesidad de encontrar espacios para la defensa de los intereses nacionales. Los méritos de una diplomacia eficiente no se manifiestan en las relaciones con países débiles y de poca influencia, sino con naciones fuertes y con capacidad de determinar el curso de los acontecimientos mundiales.
 
En lo que concierne a las relaciones con los Estados Unidos, además de este factor de desigualdad, existe la enorme dificultad adicional de la dispersión de los centros de decisión en materia internacional que caracteriza al sistema político norteamericano. Este fenómeno ha llevado, inconscientemente, a actuar con una dispersión semejante en los contactos con los diversos sectores sociales, políticos y económicos del país del norte, que no contribuyen a generar un respeto y una confianza mutuos.
 
Como la debilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido una constante de nuestra vida política, nunca hemos tenido un organismo orientador y coordinador de nuestra política exterior, y menos con los Estados Unidos, frente al cual todos los personajes nacionales y todos los grupos sociales se sienten autorizados a opinar, con la inevitable perturbación que ello ocasiona.
 
Nuestras relaciones futuras con dicho país exigen seriedad, investigación, profesionalismo y continuidad. El cambio constante de enviados diplomáticos, la ligereza con que nuestras autoridades opinan sobre esas relaciones y la motivación coyuntural y de pequeña política doméstica que determinan, por lo general, nuestra actitud con los Estados Unidos, constituyen vicios que tienen que cambiar en el futuro.
 
No obstante, la situación geopolítica de nuestro país indica, por lógica, que la relación comercial y política con Estados Unidos es muy importante. Los Estados Unidos seguirá siendo nuestro mejor comprador y el mejor vendedor y, por ello, debemos seguir desarrollando arreglos económicos que ofrezcan estabilidad a la relación comercial. Debe seguirse estudiando y trabajando la vinculación de Colombia al NAFTA, para, más adelante, llegar con cierta independencia a la integración de las Américas, ALCA.
 
Pero lo más importante para el futuro de nuestras relaciones con Estados es construir una relación de confianza política e institucional que permita enfrentar los desafíos de una relación compleja de manera más audaz y menos defensiva. En aras de construir una relación de confianza, Colombia, como Estado, deberá promover el estudio del funcionamiento del sistema norteamericano y de su política exterior, para comprender de una manera más integral y acertada las posibilidades de orientar dicha relación bilateral.

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